Jurisdicción

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Concepto de Jurisdicción.

Siguiendo al profesor Mario Mosquera Ruiz, podemos definir a la jurisdicción como el poder-deber del Estado, que se radica preferentemente en los tribunales de justicia, para que éstos como órganos imparciales e independientes, resuelvan de manera definitiva e inalterable, con posibilidad de ejecución, los conflictos de relevancia jurídica, que se susciten entre partes, en el orden temporal y dentro del territorio nacional, y con efecto de cosa juzgada.

Definiciones doctrinales de Jurisdicción.

Para Eduardo Couture Etcheverry, jurisdicción es la función pública realizada por órganos competentes del Estado con las formas requeridas por la ley en virtud de la cual por acto de juicio se determina el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos, controversias de relevancia jurídica mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada eventualmente factible de ejecución.

Juan Francisco Colombo Campbell la define como el poder-deber que tienen los tribunales de justicia para resolver, por medio del proceso y con efectos de cosa juzgada, los conflictos de relevancia jurídica en cuya resolución les corresponde intervenir.

Cristián Maturana Miquel establece que la jurisdicción es el poder-deber del Estado, radicado exclusivamente en los tribunales establecidos en la ley, para que éstos dentro de sus atribuciones y como órganos imparciales, por medio de un debido proceso, iniciado generalmente a requerimiento de parte y a desarrollarse según las normas de un racional y justo procedimiento, resuelvan con eficacia de cosa juzgada y eventual posibilidad de ejecución, los conflictos de intereses de relevancia jurídica que se promuevan en el orden temporal y dentro del territorio de la República.

Finalmente, para Mario Casarino Viterbo la jurisdicción simplemente es la facultad que tiene el Poder Judicial de administrar justicia.

La Jurisdicción en la legislación nacional.

Nuestro ordenamiento jurídico procesal considera entre sus disposiciones a la jurisdicción, sin embargo, no se preocupa de definirla sino sólo de entregar nociones fundamentales a nivel constitucional y legal.

El inciso 1°, primera parte, del artículo 76 de la Constitución Política de la República dispone que la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley.

Por su parte, y en similares términos, el artículo 1° del Código Orgánico de Tribunales señala que la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de juzgarlas y de hacer ejecutar lo juzgado pertenece exclusivamente a los tribunales que establece la ley.

Concepto de Causa.

El legislador, tanto en el artículo 76 de la Constitución Política de la República como en el artículo 1° del Código Orgánico de Tribunales, alude al expresión “causas”. Para nosotros, la causa debe ser entendida como expresión sinónima de juicio, litigio o pleito y puede definirse como la controversia jurídica actual entre partes sometida al conocimiento de un tribunal de justicia.

Equidad y Derecho en la Jurisdicción.

La doctrina distingue dos manifestaciones de la jurisdicción en atención al ejercicio de la actividad jurisdiccional. Nos referimos a la jurisdicción de derecho y jurisdicción de equidad.

Jurisdicción de derecho es aquella en que el juez debe dar estricta aplicación a la norma jurídica establecida con anterioridad a la resolución del conflicto. En nuestro país, por aplicación del principio de la legalidad, es la regla general.

Jurisdicción de equidad es aquella en que el juez, frente a la necesidad de dar solución al caso concreto, busca precedentes que hayan resuelto casos similares al que debe juzgar o, en ausencia de tal precedente, se le permite crear norma jurídica que resuelva el conflicto sometido a su decisión, en base a los principios generales del derecho y el uso de su prudencia.

Características de la Jurisdicción.

Se trata de una función pública.

El Estado es el depositario de la soberanía nacional y por tal debe ejercer tres tareas fundamentales, ellas son la legislativa, ejecutiva y judicial. En el marco de la función jurisdiccional es el encargado de mantener y restablecer la paz social quebrantada.

Está radicada preferentemente en los tribunales de justicia.

La Constitución Política de la República y las leyes entregan la función jurisdiccional a los tribunales de justicia, sin perjuicio de que se contemple que determinados órganos de carácter administrativo también ejercen funciones jurisdiccionales de manera eventual.

El concepto de jurisdicción es unitario.

La jurisdicción no admite clasificación o división alguna, pues cualquiera fueren sus diversas manifestaciones, siempre se trata de una unidad conceptual mirada desde el punto de vista de la función que el juez desarrolla al ejercerla.

Produce efecto de cosa juzgada.

La jurisdicción produce una consecuencia jurídica que le es propia y única, nos referimos a la cosa juzgada. Cada vez que tribunales de justicia dicta una sentencia que obtiene el carácter de firme o ejecutoriada, nace el efecto de cosa juzgada, entendido como la facultad que permite al vencedor de obtener el cumplimiento de lo resuelto a través de la acción de cosa juzgada y evitar al vencido para que se le enjuicie nuevamente a través de la excepción de cosa juzgada.

La jurisdicción es inderogable.

Al ser una manifestación de la soberanía, la jurisdicción es inderogable. En consecuencia, es nulo por ilicitud de objeto el hecho de que una persona decida someter un determinado litigio a la jurisdicción de tribunales extranjeros, según lo establecido en los artículos 1462 del Código Civil y 5° de la Constitución Política de la República.

La jurisdicción es indelegable.

El juez no puede delegar su función jurisdiccional en otro órgano u autoridad. La jurisdicción emana de la soberanía de la nación, quien entrega su ejercicio en las autoridades establecidas en la Constitución y las leyes. En este sentido el artículo 7° inciso primero de la Constitución señala que los órganos del Estado actúan válidamente, previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale (inciso final del artículo citado).

La jurisdicción es improrrogable.

Las partes no pueden, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, acordar modificar la jurisdicción mediante la entrega de facultades jurisdiccionales a un órgano público que legalmente no está investido de tales.

La jurisdicción es territorial.

Al tratarse de una manifestación de la soberanía, las facultades jurisdiccionales de los tribunales están restringidas al territorio geográfico de la nación.

La jurisdicción es de ejercicio eventual.

La jurisdicción se pone en movimiento solo en caso de que la función legislativa resulte insuficiente para mantener la paz social. En otras palabras, si la ley es cumplida por todos, no se requerirá de la actividad jurisdiccional, pues su ejercicio depende de la violación al ordenamiento jurídico vigente.

Límites a la Jurisdicción.

Son límites a la jurisdicción todos aquellos factores que delimitan el ejercicio de la función jurisdiccional estatal, ellos pueden adoptar un carácter interno o externo.

Límites Internos.

Los límites internos se determinan según la materia; la persona que la ejerce; el periodo durante el cual se ejerce y la competencia.

Materia.

La función jurisdiccional limita su labor a controversias jurídicas, excluyendo a cuestiones de carácter filosófico, moral o religioso.

Persona.

La jurisdicción está limitada preferentemente a los tribunales de justicia, función que no puede ser prorrogada ni delegada.

Tiempo.

Los tribunales de justicia, con excepción de los tribunales arbitrales, ejercen la función jurisdiccional de manera permanente. Los jueces se mantienen en sus cargos mientras dure su buen comportamiento y no cumplan los 75 años de edad.

Competencia.

Si bien es cierto, todos los tribunales de justicia tienen jurisdicción por expreso mandato constitucional, esta se limita en razón de la competencia que posee cada uno de los tribunales dentro de su territorio jurisdiccional.

Límites Externos.

Los límites externos de la jurisdicción se relacionan con el territorio y las atribuciones de otros poderes del Estado.

Territorio.

La jurisdicción al ser una manifestación de la soberanía nacional, se limita bajo los mismos términos que ella, es decir, no puede traspasar más allá de los límites geográficos del territorio de la república.

Atribuciones de otros poderes del Estado.

La jurisdicción de los tribunales de justicia está limitada por el ejercicio que de sus propias atribuciones pueden hacer otros poderes del Estado.

Momentos de la Jurisdicción.

La función jurisdiccional se materializa a través de proceso, el cual está formado por una serie o secuencias de actos que se desarrollan de manera progresiva y que toman diferentes caracteres según el procedimiento que se aplique a cada caso.

Con todo, podemos identificar tres etapas o fases de la jurisdicción, ellas son la fase de conocimiento, la de juzgamiento y de ejecución.

Conocimiento.

En la etapa de conocimiento, el tribunal recibe los antecedentes que permiten resolver la contienda jurídica. En materia civil, la presente fase se manifiesta en los periodos de discusión y prueba, es decir, mediante la demanda y contestación (procedimiento ordinario), además de la recepción de la causa a prueba y el término probatorio. Mientras, en materia penal, se manifiesta en el juicio oral (procedimiento penal ordinario) y la respectiva etapa en cada uno de los procedimientos especiales contemplados por el Código Procesal Penal.

Juzgamiento.

A través de la etapa de juzgamiento el tribunal realiza un razonamiento lógico y sistemático que culmina con la dictación de una sentencia que resuelve la contienda jurídica. Para llevar adelante dicha labor, el juez debe cumplir con las normas legales que regulan la dictación de sentencias contenidas en los artículos 160 y 170 del Código de Procedimiento Civil; artículo 342 del Código Procesal Penal y artículo 83 del Código Orgánico de Tribunales.

Ejecución.

En la fase de cumplimiento, el juez ordena cumplir lo resuelto en la sentencia, incluso mediante el uso de la fuerza. Tal coerción se manifiesta en la facultad de imperio, la cual puede ser definida como la posibilidad que tienen los órganos jurisdiccionales de ejecutar, por medios legales y coercitivos, las sentencias condenatorias dictadas. Verbigracia, la ejecución en materia civil puede adoptar la forma del cumplimiento incidental de la sentencia o el procedimiento ejecutivo por obligaciones de dar, hacer y no hacer.

Equivalentes Jurisdiccionales.

Equivalentes jurisdiccionales son todos aquellos medios, que sin ser una sentencia emanada del órgano jurisdiccional, dan solución a los conflictos de relevancia jurídica.

Son equivalentes jurisdiccionales, la transacción, conciliación, avenimiento y sentencia extranjera.

Transacción.

La transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente, o precaven un litigio eventual (Artículo 2446 del Código Civil). La doctrina complementa la definición agregando que las partes deben efectuar concesiones recíprocas.

El artículo 2460 del Código Civil establece que la transacción produce el efecto de cosa juzgada y que para lograr dicho propósito es necesario que el contrato conste por escritura pública.

Conciliación.

Se trata de un equivalente jurisdiccional mediante el cual las partes acuerdan dar solución a un conflicto de relevancia jurídica dentro del proceso y con la activa participación del juez.

La conciliación produce efecto de cosa juzgada una vez que el acuerdo queda ratificado por las partes en el acta de conciliación. Tal acta, una vez suscrita, adquiere mérito ejecutivo en los mismos términos que el numeral primero del artículo 434 del Código de Procedimiento Civil establece.

Avenimiento.

El avenimiento es un acuerdo de las partes que tiene por objeto dar solución a un conflicto de relevancia jurídica dentro del proceso y que no se produce a instancias del juez. La ley exige como requisito de validez del acto que el juez competente tome conocimiento del acuerdo, que sea autorizado por un ministro de fe o excepcionalmente por dos testigos.

Sentencia extranjera.

Por regla general, el nuestro país se aplica el principio de la territorialidad de los actos jurídicos procesales, ello se traduce en que las sentencias extranjeras no tienen valor en Chile.

Excepcionalmente, una sentencia extranjera puede llegar a tener eficacia si es sometida al trámite denominado exequátur. El exequátur es un proceso de homologación conocido por la Corte Suprema y que tiene como propósito el que una sentencia dictada por un tribunal extranjero tenga eficacia jurídica y produzca efecto de cosa juzgada dentro del territorio nacional.

Mecanismos alternativos de solución de litigios.

Durante las últimas décadas se ha puesto énfasis en la solución del conflicto de intereses por la vía autocompositiva, incluso sin tener que acudir al proceso para su resolución. Es así como en diversos países se han generado nuevos métodos de solución de litigios a los cuales se les conoce como ADR (Alternative Dispute Resolution) o Resolución Alternativa de Litigios.

Andrés Bordalí Salamanca nos explica que con la sigla ADR (Alternative Dispute Resolution) se designa a todos aquellos modos de arbitraje, conciliación, mediación o cualquier otra instancia privada o social que permite resolver una controversia jurídica evitando el ejercicio de la función jurisdiccional.

En consecuencia, podemos definir a los mecanismos alternativos de solución de litigios como aquellas herramientas procesales que la ley otorga a las partes con el objeto de poner fin a un conflicto de relevancia jurídica sustrayendo su resolución de la actividad jurisdiccional estatal. En nuestra legislación es la mediación su ejemplo más trascendente.

Mediación.

La mediación es definida por el artículo 103 de la ley número 19.698 que crea los tribunales de familia (modificada por la ley número 20.286) como aquel sistema de resolución de conflictos en el que un tercero imparcial, sin poder decisorio, llamado mediador, ayuda a las partes a buscar por sí mismas una solución al conflicto y sus efectos, mediante acuerdos.

Se trata de un mecanismo que tanto los particulares como nuestra legislación procesal progresivamente han incorporado como una forma de solución de conflictos jurídicos.

Verbigracia, en materia de arbitraje comercial o marítimo, los interesados someten a la decisión de un mediador la resolución de la controversias nacionales e internacionales conocidas por el Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago (CAM Santiago).

En materia de salud, conforme a la ley número 19.937, la Superintendencia de Salud está a cargo de un sistema de mediadores privados acreditados e inscritos que actúan como mediador entre los cotizantes o beneficiarios y las Aseguradoras, es decir, Fonasa e Isapres.

Otra manifestación del presente mecanismo compositivo se expresa a través de la ley número 19.966 que establece un procedimiento previo de mediación obligatorio y no confrontacional, esta vez entre usuarios y establecimientos de salud, que busca generar acuerdos, mutuamente convenientes, que permitan reparar el daño ocasionado con motivo de una prestación de salud.

Finalmente, la ley número 19.496 que permite al consumidor recurrir a un mediador o a un árbitro financiero que resuelva las controversias, quejas o reclamaciones, en el caso de que considere que el servicio de atención al cliente no ha respondido satisfactoriamente sus consultas o reclamos por cualquier producto o servicio financiero del proveedor que se otorgue en virtud de un contrato de adhesión.

Lo contencioso administrativo.

Asuntos contenciosos administrativos son aquellos conflictos de relevancia jurídica suscitados entre un particular y un órgano de la Administración del Estado, a consecuencia de un acto de autoridad administrativa y que requieren para su resolución del ejercicio de la actividad jurisdiccional.

Acto administrativo, conforme al artículo tercero de la ley número 19.880, se define como las decisiones formales que emiten los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública. Son manifestaciones del acto administrativo los decretos supremos, resoluciones, dictámenes, acuerdos y ordenanzas.

Son competentes para conocer de los asuntos contenciosos administrativos los tribunales ordinarios a menos que existe norma especial al respecto.

Relaciones entre la Jurisdicción, Legislación y Administración.

El Estado, como depositario de la soberanía nacional, cumple tres funciones fundamentales: gobernar, legislar y juzgar, las cuales son ejercidas por diversos órganos públicos separados en tres poderes: el Gobierno, el Congreso Nacional y el Poder Judicial.

Diferencias entre Jurisdicción y Legislación.

La función legislativa persigue declarar el derecho en términos generales, mientras que la función jurisdiccional involucra aplicar un derecho concreto a un caso particular. La legislación sirve a los intereses generales de los ciudadanos, en cambio la jurisdicción sirve a los intereses particulares de partes o terceros interesados, y sólo excepcionalmente a terceros no interesados. La función legislativa actúa espontáneamente, en cambio la jurisdicción es a instancia de particulares. Los actos legislativos obligan a todos los ciudadanos, los actos jurisdiccionales sólo obligan a los litigantes. Los actos legislativos son derogables o modificables por otro acto legislativo, en cambio la sentencia que emana de la función jurisdiccional una vez firme es inamovible, inderogable e inmodificable por efecto de la cosa juzgada.

Diferencias entre Jurisdicción y Administración.

Respecto a la función administrativa, ésta es distinta a la jurisdiccional, por lo siguiente: es espontánea, está organizada en base al principio de unidad (no jerárquica); sus actos afectan a todos y a todas las cosas; son esencialmente revocables, reclamables y revocables por el órgano jurisdiccional. Los procedimientos administrativos deberán ser ágiles y expeditos, sin más formalidades que las que establecen las leyes y reglamentos. Además, los actos administrativos serán impugnables mediante los recursos que establezca la ley. Todo esto sin perjuicio de las acciones jurisdiccionales a que haya lugar.

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Jorge Castro Barros

Abogado de profesión y soñador por vocación. Actúo en calidad de autor intelectual de este singular proyecto. Si necesitas ayuda, sólo sígueme en Facebook.

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