Jurisdicción

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La palabra jurisdicción tiene varias acepciones en el lenguaje legal e incluso en el común. No obstante ello, el Derecho Procesal considera a esta institución como sinónimo de función, específicamente, como la facultad de administrar justicia encargada a los tribunales establecidos por ley. Ergo, para el estudio de la asignatura, se debe considerar a la jurisdicción como una especie de función estatal destinada a dar adecuada solución al litigio.

Definición de Jurisdicción.

El profesor Mario Mosquera Ruiz define a la jurisdicción como el poder-deber del Estado, que se radica preferentemente en los tribunales de justicia, para que éstos como órganos imparciales e independientes, resuelvan de manera definitiva e inalterable, con posibilidad de ejecución, los conflictos de relevancia jurídica que se susciten entre partes, en el orden temporal y dentro del territorio nacional, con efecto de cosa juzgada.

Definiciones doctrinales de Jurisdicción.

Sobre su concepto, cada procesalista define y defiende su propia concepción de lo que es y debe entenderse por jurisdicción. Sin embargo, si tomamos en consideración a los elementos del acto jurisdiccional, destacan dos definiciones doctrinales.

Por una parte, Eduardo Couture Etcheverry precisa que la jurisdicción es la función pública realizada por órganos competentes del Estado, con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos o controversias de relevancia jurídica mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada, eventualmente factible de ejecución.

Asimismo, Cristián Maturana Miquel establece que la jurisdicción es el poder-deber del Estado, radicado exclusivamente en los tribunales establecidos en la ley, para que éstos, dentro de sus atribuciones y como órganos imparciales, por medio de un debido proceso, iniciado generalmente a requerimiento de parte y a desarrollarse según las normas de un racional y justo procedimiento, resuelvan con eficacia de cosa juzgada y eventual posibilidad de ejecución, los conflictos de intereses de relevancia jurídica que se promuevan en el orden temporal y dentro del territorio de la República.

Características de la Jurisdicción.

De las definiciones antes indicadas, en especial la del profesor Mosquera, se pueden deducir las siguientes características de la jurisdicción.

Es una función pública.

El Estado es el depositario de la soberanía nacional y por tal debe ejercer tres tareas fundamentales, ellas son la legislativa, ejecutiva y judicial. En relación a esta última, la función jurisdiccional tiene el propósito de mantener el orden jurídico y restablecerlo en los casos en que este sea vulnerado.

Está radicada preferentemente en los tribunales de justicia.

La Constitución Política de la República y las leyes entregan la función jurisdiccional a los tribunales de justicia. Ello sin perjuicio de que ciertos órganos de carácter administrativo también ejercen funciones jurisdiccionales de manera eventual.

El concepto de jurisdicción es unitario.

La jurisdicción no admite clasificación o división alguna, pues cualquiera fueren sus manifestaciones, siempre constituye una unidad conceptual mirada desde el punto de vista de la función que el juez desarrolla al ejercerla.

Produce efecto de cosa juzgada.

La jurisdicción produce una consecuencia jurídica distintiva y única, ella es la autoridad de cosa juzgada. Dicho efecto se genera cada vez que los órganos jurisdiccionales dictan ciertas resoluciones judiciales denominadas como sentencias firmes o ejecutoriadas.

La jurisdicción es inderogable.

Las partes no pueden dejan sin efecto a la jurisdicción, pues ella es una emanación de la soberanía. Por tanto, es nulo por ilicitud de objeto el hecho de que una persona someta un determinado litigio a la jurisdicción de tribunales extranjeros. Así se pronuncian los artículos 1462 del Código Civil y 5° de la Constitución Política de la República.

La jurisdicción es indelegable.

El juez no puede comisionar su función jurisdiccional en otro órgano u autoridad. Ello en razón del origen soberano de la jurisdicción y la restricción normativa acerca de las autoridades que la ejercen. En tal sentido el artículo 7°, inciso primero de la Constitución Política de la República dispone que los órganos del Estado actúan válidamente, previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley.

La jurisdicción es improrrogable.

Las partes no pueden, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, acordar modificar la jurisdicción mediante la entrega de facultades jurisdiccionales a un órgano público que legalmente no está investido de tales atribuciones.

La jurisdicción es de ejercicio eventual.

Dicho de otra manera, la jurisdicción se pone en movimiento solo en caso de que la función legislativa resulte insuficiente para mantener la paz social. Por ende, si la ley es cumplida por todos, no se requerirá de la actividad jurisdiccional, pues su ejercicio depende de la violación al ordenamiento jurídico vigente.

La Jurisdicción en la legislación nacional.

A pesar de que nuestro sistema procesal considera entre sus disposiciones a la jurisdicción, esta no aparece definida expresamente. No obstante ello, el legislador aporta los elementos constitucionales y legales indispensables para la construcción doctrinaria de un concepto. Así, de manera específica, la noción básica de jurisdicción en la legislación nacional se halla contenida en dos normas.

En primer lugar, el artículo 76, inciso 1°, primera parte de la Constitución Política de la República dispone que la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley.

Por su parte, y en similares términos, el artículo 1° del Código Orgánico de Tribunales señala que la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de juzgarlas y de hacer ejecutar lo juzgado pertenece exclusivamente a los tribunales que establece la ley.

Equidad y Derecho en la Jurisdicción.

Con relación a la clasificación de la jurisdicción, ello no es posible en razón de la mencionada unidad conceptual. Con todo, en atención al ejercicio de la actividad jurisdiccional, se distinguen dos manifestaciones, ellas son la jurisdicción de derecho y jurisdicción de equidad.

Jurisdicción de derecho.

Primeramente, la jurisdicción de derecho es aquella en que el juez debe dar estricta aplicación a la norma jurídica establecida con anterioridad a la resolución del conflicto. En nuestro país, la jurisdicción de derecho, por aplicación del principio de la legalidad, es la regla general.

Excepciones.

Sin embargo, existen en nuestro ordenamiento jurídico ciertos casos excepcionales, tales son:

  • Los árbitros arbitradores, quienes fallan de acuerdo a la prudencia o equidad. Esto acorde al artículo 640, numeral cuarto del Código de Procedimiento Civil;
  • La Corte Suprema, que conoce como jurado del recurso de reclamación por pérdida de nacionalidad. Ello en conformidad al artículo 12 de la Constitución Política de la República;
  • El Senado, que resuelve como jurado en el conocimiento de las acusaciones que la Cámara de Diputados presente en conformidad al artículo 53, numeral primero de la carta fundamental, y
  • El Tribunal Calificador de Elecciones al conocer de los escrutinios y calificaciones de las elecciones, procederá como jurado en la apreciación de los hechos, pero fallará con arreglo a derecho, conforme a lo expresado por el artículo 95 de la Constitución Política de la República.

Jurisdicción de equidad.

En contraste, la jurisdicción de equidad es aquella en que el juez, frente a la necesidad de dar solución al caso concreto, busca precedentes que hayan resuelto casos similares al que debe juzgar. En su defecto, en ausencia de tal precedente, se le permite crear una norma jurídica que resuelva el conflicto sometido a su decisión, en base a los principios generales del derecho y el uso de su prudencia. La jurisdicción de equidad es propia del sistema anglosajón y norteamericano, presentando nula aplicación en nuestro país.

Límites de la Jurisdicción.

En cuanto a los límites de la jurisdicción, estos se definen como aquellos factores que delimitan el ejercicio de la función jurisdiccional. En esta materia se distinguen dos especies, los llamados límites internos y los límites externos.

Límites Internos.

Los límites internos se determinan según la materia; la persona que la ejerce; el periodo durante el cual se ejerce y la competencia.

  • Materia. La función jurisdiccional limita su labor a controversias jurídicas, excluyendo a cuestiones de carácter filosófico, moral o religioso.
  • Persona. La jurisdicción está limitada preferentemente a los tribunales de justicia, función que no puede ser prorrogada ni delegada.
  • Tiempo. Los tribunales de justicia, con excepción de los tribunales arbitrales, ejercen la función jurisdiccional de manera permanente. Por ende, los jueces se mantienen en sus cargos mientras dure su buen comportamiento y no cumplan los 75 años de edad.
  • Competencia. Todos los tribunales de justicia poseen jurisdicción por expreso mandato constitucional, sin embargo, esta se limita en razón de la competencia que detenta cada uno de ellos dentro de su territorio jurisdiccional.

Límites Externos.

Los límites externos de la jurisdicción se relacionan con el territorio y las atribuciones de otros poderes del Estado.

  • Territorio. La jurisdicción, al ser una manifestación de la soberanía nacional, se limita bajo los mismos términos que ella, es decir, no puede traspasar más allá de los límites geográficos del territorio de la república.
  • Atribuciones de otros poderes del Estado. La jurisdicción de los tribunales de justicia está limitada por el ejercicio que de sus propias atribuciones pueden hacer otros poderes del Estado.

Momentos de la Jurisdicción.

La función jurisdiccional se manifiesta en el proceso mediante la etapa de conocimiento, de juzgamiento y de ejecución. Dicha secuencia de actos que se desarrolla de manera progresiva recibe el nombre de momentos de la jurisdicción.

Conocimiento.

En la primera etapa de conocimiento, el tribunal recibe los antecedentes que permiten resolver el conflicto de intereses jurídicamente relevante. En materia civil, esta fase se manifiesta en los periodos de discusión y prueba, es decir, mediante la demanda y contestación (procedimiento ordinario), además de la recepción de la causa a prueba y el término probatorio. Mientras que, en materia penal, se presenta en el juicio oral (procedimiento penal ordinario) y la respectiva etapa en cada uno de los procedimientos especiales contemplados por el Código Procesal Penal.

Juzgamiento.

En segundo término, a través de la etapa de juzgamiento, el tribunal realiza un razonamiento lógico y sistemático que culmina con la dictación de una sentencia que resuelve el litigio. Para llevar adelante dicha labor, el juez debe cumplir con las normas legales que regulan la dictación de sentencias. Tales reglas se contienen en los artículos 160 y 170 del Código de Procedimiento Civil; además de los artículos 342 del Código Procesal Penal y 83 del Código Orgánico de Tribunales.

Ejecución.

En la fase de ejecución, el juez ordena cumplir lo resuelto en la sentencia, incluso mediante el uso de la fuerza. Tal coerción se manifiesta en la facultad de imperio, la cual puede ser definida como la posibilidad que tienen los órganos jurisdiccionales de ejecutar, por medios legales y coercitivos, las sentencias condenatorias dictadas. Verbigracia, la ejecución en materia civil puede adoptar la forma del cumplimiento incidental de la sentencia o el procedimiento ejecutivo por obligaciones de dar, hacer y no hacer.

Equivalentes Jurisdiccionales.

Existen ciertos actos que, sin emanar de la función jurisdiccional, también dan adecuada solución al litigio. Estos son los equivalentes jurisdiccionales, los que se definen como todos aquellos medios a través de los cuales se logra la solución de un conflicto de relevancia jurídica, sin necesidad de recurrir a una sentencia emanada del órgano jurisdiccional.

Son equivalentes jurisdiccionales:

  • Transacción;
  • Conciliación;
  • Avenimiento, y
  • Sentencia extranjera.

Transacción.

En primer término, la transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente, o precaven un litigio eventual (Artículo 2446 del Código Civil). La doctrina y jurisprudencia añaden como requisito el que «las partes se efectúen concesiones recíprocas». El artículo 2460 del Código Civil establece que la transacción produce el efecto de cosa juzgada y que para lograr dicho propósito es necesario que el contrato conste por escritura pública.

Conciliación.

La conciliación es un equivalente jurisdiccional mediante el cual las partes acuerdan dar solución a un conflicto de relevancia jurídica dentro del proceso y con la activa participación del juez. El efecto de cosa juzgada se genera una vez que el acuerdo queda ratificado por las partes mediante acta de conciliación. Tal documento, una vez suscrito, adquiere mérito ejecutivo en los términos señalados en el artículo 434, numeral primero del Código de Procedimiento Civil.

Avenimiento.

El avenimiento es un acuerdo de las partes que tiene por objeto dar solución a un conflicto de relevancia jurídica dentro del proceso y que no se produce a instancias del juez. Este equivalente se obtiene sin intervención del juez, el que toma conocimiento del mismo mediante una presentación de las partes. A saber, el acta de avenimiento pasada ante tribunal competente produce el término del proceso y efecto de cosa juzgada. El avenimiento adquiere mérito ejecutivo en los términos señalados en el artículo 434, numeral tercero del Código de Procedimiento Civil.

Sentencia extranjera.

Por último, la sentencia extranjera es un equivalente jurisdiccional en aquellos casos en que nuestra ley le da valor. Esto es, una sentencia extranjera puede llegar a tener eficacia si es sometida al trámite denominado como exequátur. Enseguida, el exequátur es un proceso de homologación conocido por la Corte Suprema y que tiene como propósito el que una sentencia dictada por un tribunal extranjero tenga eficacia jurídica y produzca efecto de cosa juzgada dentro del territorio nacional.

Mecanismos de resolución alternativos de conflictos.

Ahora bien, los equivalentes jurisdiccionales no son los únicos métodos resolutivos de litigios. La ley contempla, además, una serie de herramientas jurídicas que cumplen con la misma finalidad. Son los mecanismos de resolución alternativa de conflictos o también llamados ADR (Alternative Dispute Resolution). A este respecto, el profesor Andrés Bordalí Salamanca explica que con la sigla ADR (Alternative Dispute Resolution) se designa a todos aquellos modos de arbitraje, conciliación, mediación o cualquier otra instancia privada o social que permite resolver una controversia jurídica evitando el ejercicio de la función jurisdiccional. En nuestro país, el mecanismo de resolución alternativa de conflictos de mayor interés es la mediación.

Mediación.

Acerca de la mediación, si bien no es un equivalente jurisdiccional, si es un mecanismo de resolución alternativa de conflictos en el que un tercero imparcial, sin poder decisorio, llamado mediador, ayuda a las partes a buscar por sí mismas una solución al conflicto y sus efectos, mediante acuerdos. Ello según lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley número 19.698 que crea los tribunales de familia, norma modificada por la Ley número 20.286.

A propósito de la definición anotada, la mediación no es exclusiva del Derecho de Familia. De hecho, este mecanismo de resolución alternativa de conflictos es utilizado también en materia de salud o laboral. Además, en materia comercial o marítima, los interesados pueden someter la decisión de controversias nacionales e internacionales a la mediación voluntaria del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago (CAM Santiago).

Texto actualizado al 3 de enero del 2020.

Sobre el autor

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Jorge Castro Barros

Mi nombre es Jorge Castro, soy abogado de profesión y soñador por vocación. Actuó en calidad de autor intelectual de este singular proyecto.

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