Equivalentes Jurisdiccionales

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Concepto de equivalentes Jurisdiccionales.

Equivalentes jurisdiccionales son todos aquellos medios, que sin ser una sentencia emanada del órgano jurisdiccional, dan solución a los conflictos de relevancia jurídica y, en algunos casos, incluso sin necesidad de recurrir a un proceso.

Son equivalentes jurisdiccionales: la transacción, conciliación, avenimiento y la sentencia extranjera.

Análisis en particular de los Equivalentes Jurisdiccionales.

Transacción.

La transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente, o precaven un litigio eventual (Artículo 2446 del Código Civil). La doctrina complementa la definición agregando que las partes deben efectuar concesiones recíprocas.

El artículo 2460 del Código Civil establece que la transacción produce el efecto de cosa juzgada y que para lograr dicho propósito es necesario que el contrato conste por escritura pública.

Conciliación.

Se trata de un equivalente jurisdiccional mediante el cual las partes acuerdan dar solución a un conflicto de relevancia jurídica dentro del proceso y con la activa participación del juez.

La conciliación produce efecto de cosa juzgada una vez que el acuerdo queda ratificado por las partes en el acta de conciliación. Tal acta, una vez suscrita, adquiere mérito ejecutivo en los mismos términos que el numeral primero del artículo 434 del Código de Procedimiento Civil establece.

Avenimiento.

El avenimiento es un acuerdo de las partes que tiene por objeto dar solución a un conflicto de relevancia jurídica dentro del proceso y que no se produce a instancias del juez. La ley exige como requisito de validez del acto que el juez competente tome conocimiento del acuerdo, que sea autorizado por un ministro de fe o excepcionalmente por dos testigos.

Sentencia extranjera.

Por regla general, el nuestro país se aplica el principio de la territorialidad de los actos jurídicos procesales, ello se traduce en que las sentencias extranjeras no tienen valor en Chile.

Excepcionalmente, una sentencia extranjera puede llegar a tener eficacia si es sometida al trámite denominado exequátur. El exequátur es un proceso de homologación conocido por la Corte Suprema y que tiene como propósito el que una sentencia dictada por un tribunal extranjero tenga eficacia jurídica y produzca efecto de cosa juzgada dentro del territorio nacional.

Mecanismos alternativos de solución de litigios.

Durante las últimas décadas se ha puesto énfasis en la solución del conflicto de intereses por la vía autocompositiva, incluso sin tener que acudir al proceso para su resolución. Es así como en diversos países se han generado nuevos métodos de solución de litigios a los cuales se les conoce como ADR (Alternative Dispute Resolution) o Resolución Alternativa de Litigios.

Andrés Bordalí Salamanca nos explica que con la sigla ADR (Alternative Dispute Resolution) se designa a todos aquellos modos de arbitraje, conciliación, mediación o cualquier otra instancia privada o social que permite resolver una controversia jurídica evitando el ejercicio de la función jurisdiccional.

Podemos definir a los mecanismos alternativos de solución de litigios como aquellas herramientas procesales que la ley otorga a las partes con el objeto de poner fin a un conflicto de relevancia jurídica sustrayendo su resolución de la actividad jurisdiccional estatal. En nuestra legislación es la mediación su ejemplo más trascendente.

Mediación.

La mediación está definida por el artículo 103 de la ley número 19.698 que crea los tribunales de familia (modificada por la ley número 20.286) como aquel sistema de resolución de conflictos en el que un tercero imparcial, sin poder decisorio, llamado mediador, ayuda a las partes a buscar por sí mismas una solución al conflicto y sus efectos, mediante acuerdos.

Otra manifestación del presente mecanismo compositivo se expresa a través de la ley número 19.966 que establece un procedimiento previo de mediación obligatorio y no confrontacional, esta vez entre usuarios y establecimientos de salud, que busca generar acuerdos, mutuamente convenientes, que permitan reparar el daño ocasionado con motivo de una prestación de salud.

Finalmente, la ley número 19.496 que permite al consumidor recurrir a un mediador o a un árbitro financiero que resuelva las controversias, quejas o reclamaciones, en el caso de que considere que el servicio de atención al cliente no ha respondido satisfactoriamente sus consultas o reclamos por cualquier producto o servicio financiero del proveedor que se otorgue en virtud de un contrato de adhesión.

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Jorge Castro Barros