Derecho Procesal

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Definición de Derecho Procesal.

El Derecho Procesal es aquella rama de la ciencia del derecho que estudia las atribuciones, competencia, funcionamiento y organización de los tribunales de justicia. Además, atiende a las normas de procedimiento que deben ser utilizadas por las personas en el planteamiento de sus pretensiones y contra pretensiones ante los órganos jurisdiccionales.

Definiciones doctrinales de Derecho Procesal.

Sobre este punto, la doctrina elabora múltiples definiciones. Sin embargo, con fines ilustrativos hoy citamos el trabajo de cuatro destacados juristas.

En primer lugar, Jaime Galté Carré define al Derecho Procesal como aquel derecho que regula las formas más o menos solemnes con que se proponen, discuten y resuelven las cuestiones que se someten al tribunal.

Seguidamente, Manuel Urrutia Salas manifiesta que el Derecho Procesal es aquella rama o ciencia del derecho que determina las normas legales y los principios jurídicos que regulan a los tribunales y las personas.

Para Giuseppe Chiovenda, Derecho Procesal es el conjunto de normas que regulan la actuación de la ley en el proceso y, particularmente, la relación procesal.

Por último, Eduardo Couture Etcheverry establece que el Derecho Procesal es la rama del saber jurídico que estudia de forma sistemática la naturaleza del proceso civil, su constitución, desenvolvimiento y eficacia.

Características del Derecho Procesal.

A continuación, es posible identificar cuatro rasgos principales que distinguen a esta rama del saber jurídico. A saber, estamos en presencia de un derecho público, instrumental, formal y autónomo.

Es un Derecho Público.

A priori, ten presente que su fuente emana de la soberanía del Estado y su propósito es mantener la paz social. Por ende, dicha finalidad solo se consigue mediante la regulación de relaciones entre los organismos estatales y las personas. En ese aspecto, considera que los órganos jurisdiccionales se encuentran investidos de una potestad jurídica pública; mientras que los individuos que pretenden la solución de sus litigios se hallan supeditados a tal potestad. En este sentido, las normas procesales son generalmente de orden público, por tanto, irrenunciables por las partes.

Es un Derecho Instrumental.

El propósito del Derecho Procesal es reparar el orden jurídico vulnerado por un conflicto de intereses de relevancia jurídica, empleando para ello las soluciones proveídas por el derecho sustantivo.

Es un Derecho Formal.

A consecuencia de su carácter instrumental, el Derecho Procesal es esencialmente formal. Dicho de otra manera, solo regula el modo o forma de realizar la actividad jurisdiccional y no la materia discutida. Tal contenido lo encontramos en el derecho material, sea éste de naturaleza civil, penal, comercial, laboral, constitucional, etc.

Es un Derecho Autónomo.

Se trata de una disciplina que posee normas jurídicas, instituciones y principios propios y distintos a los del derecho sustantivo. Si bien es cierto que se relaciona con las demás ramas del derecho, su existencia no depende de ellas.

Contenido del Derecho Procesal.

Luego, en atención a las normas procesales que lo componen, la doctrina establece que el Derecho Procesal contiene dos variantes. Tales son: el Derecho Procesal orgánico y Derecho Procesal funcional.

Derecho Procesal Orgánico.

Es aquella rama de la ciencia del derecho consagrada al estudio de las normas jurídicas que regulan la organización y funcionamiento de los tribunales de justicia. Su ámbito de análisis comprende a la jurisdicción, normas de competencia y los órganos jurisdiccionales.

Derecho Procesal Funcional.

Es aquella rama de la ciencia del derecho dedicada al estudio de las normas jurídicas que regulan los procedimientos a los que deben someterse tanto los tribunales de justicia como las personas que concurren ante ellos a fin de plantear sus pretensiones procesales.

A su vez, Derecho Procesal Funcional permite ser clasificado en Derecho Procesal Civil y Derecho Procesal Penal. Ello en atención a si en el proceso respectivo se requiere de la aplicación de una ley civil o penal.

Fuentes del Derecho Procesal.

A continuación, en cuanto a las fuentes del Derecho Procesal, estas se definen como aquellos antecedentes de donde emana o brota esta rama de la ciencia del derecho. A este respecto, la doctrina las divide en dos grupos, las fuentes directas e indirectas.

Fuentes indirectas o mediatas.

Son aquellas que contienen hechos o actos jurídicos que sirven de fundamento para el Derecho Procesal. Tales son la jurisprudencia y la doctrina.

  • Primeramente, jurisprudencia el conjunto de sentencias dictadas por los tribunales superiores de justicia y que dicen relación con un determinado asunto formal o material;
  • Luego, doctrina es el trabajo de estudio procesal llevado adelante por los autores del derecho y en los cuales se expresa la creación, interpretación y sistematización de las normas jurídicas de carácter procesal.

Fuentes directas o inmediatas.

Son aquellas que contienen un mandato jurídico general, abstracto y coactivo. Tales son: la Constitución Política de la República, Tratados internacionales, Ley Procesal y los Autos Acordados.

Fundamentos Constitucionales del Derecho Procesal.

La Constitución Política de la República de Chile es fuente directa del Derecho Procesal. Dicho cuerpo normativo contiene una serie de normas y principios procesales fundamentales para el ejercicio de la función jurisdiccional. En virtud de ello, se consagra la supremacía de la carta fundamental por sobre las demás normas procesales. Esto se traduce en que al momento de resolver un asunto controvertido, el juez no debe aplicar normas legales que vayan en contra de lo establecido por el texto constitucional.

Adicionalmente, es posible identificar dentro de las normas constitucionales una serie de materias que dicen directa relación con el Derecho Procesal.

Poder Judicial y Función Jurisdiccional.

En primer término, la Constitución Política de la República (Sigla CPR) consagra la función jurisdiccional estatal (artículo 76 CPR) y la conformación del órgano judicial en su capítulo VI, denominado del “Poder Judicial”. De acuerdo con esto, dicho apartado dispone que la jurisdicción pertenece a los tribunales establecidos por la ley. Además, se preocupa de ordenar ciertos principios básicos de la organización judicial, como son: la legalidad, independencia, inexcusabilidad, responsabilidad, inamovilidad, cosa juzgada, ejecución forzada, etc.

Derechos y Garantías.

La Constitución establece dentro del capítulo III, en el artículo 19, numeral tercero y séptimo, una serie de instituciones fundamentales de carácter procesal que aseguran el correcto ejercicio de la función jurisdiccional. Entre ellas están la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos de las personas ante la justicia; el derecho a la defensa jurídica; el debido proceso legal; el principio de inocencia; además de la libertad personal y seguridad individual.

Acciones procesales.

La carta fundamental, asimismo, entrega una serie de acciones constitucionales de índole procesal. Tales son: la acción de reclamación por pérdida de la nacionalidad (Artículo 12 CPR); acción de protección (Artículo 20 CPR); la acción de amparo (Artículo 21 CPR); acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la ley (Artículo 93, numeral sexto CPR); la acción indemnizatoria por error judicial (Artículo 19, numeral séptimo, letra i CPR); acción o denuncia de amparo económico (regulada por la Ley número 18.971) y la acción de nulidad de derecho público (creación doctrinal y jurisprudencial basada en el artículo 7° CPR).

Ministerio Público.

Para concluir, en el capítulo VII del “Ministerio Público”, la Constitución Política de la República consagra la institución del Ministerio Público, el cual se concibe como un órgano administrativo autónomo y jerarquizado que cumple con la tarea de llevar adelante, de forma exclusiva, la investigación de los hechos constitutivos de delito. En otras palabras, es el titular exclusivo de la acción penal pública. Además del mencionado Capítulo de la Constitución, el Ministerio Público aparece reglamentado en la Ley Orgánica Constitucional número 19.640.

Texto actualizado al 3 de enero del 2020.

Sobre el autor

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Jorge Castro Barros

Mi nombre es Jorge Castro, soy abogado de profesión y soñador por vocación. Actuó en calidad de autor intelectual de este singular proyecto.

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