Derecho Procesal

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Ideas generales acerca del Derecho Procesal.

Furiosos del Derecho, hoy comenzamos una serie de artículos que tienen por finalidad la entrega de contenidos de Derecho Procesal, de una manera resumida y precisa. Iniciamos con los conceptos generales del Derecho Procesal y la Ley Procesal. Sean todos bienvenidos.


1. Concepto de Derecho Procesal.

El Derecho procesal puede ser conceptualizado como aquella rama del Derecho que estudia la organización de los tribunales de justicia, señala sus atribuciones, competencias y determina las normas de procedimiento a que deben someterse tanto los tribunales como las personas que concurren ante ellos planteando pretensiones procesales.

2. Contenido y clasificación del Derecho Procesal.

El Derecho procesal abarca el estudio de dos estructuras formales:

a) Los tribunales de justicia, comprendiendo el análisis de la organización de los tribunales, de sus atribuciones y competencias.

b) El procedimiento.

Esta estructuración permite la clasificación del Derecho procesal en dos grandes unidades:

a. El Derecho procesal orgánico, que es aquella rama del Derecho procesal que comprende el estudio de la organización de los tribunales de justicia, de sus atribuciones y competencias.

b. El Derecho procesal funcional, que es aquella rama del Derecho procesal que estudia las normas de procedimiento a que deben someterse tanto los tribunales como las personas que concurren ante ellos planteando pretensiones procesales.

3. Características del Derecho Procesal.

Es un Derecho público porque regula las relaciones entre un órgano del Estado que se halla en una situación de supremacía y que está investido de una potestad jurídica pública y otras personas que se hallan sujetas a esa potestad en una relación de subordinación.

Consecuencia de lo señalado es que las normas procesales son, generalmente, de orden público. Lo que se traduce en que las partes no pueden derogarlas por acuerdo de voluntades.

Es un Derecho formal porque regula la forma, es decir, el modo de realizar la actividad jurisdiccional junto al Derecho material, que determina el contenido y la materia. Ese Derecho material, que importa el contenido del Derecho procesal, puede ser de carácter civil, comercial, constitucional, etc.

Es un Derecho autónomo, pues posee un sistema normativo propio, además de instituciones y principios fundamentales que dan vida al Derecho formal. El Derecho Procesal no es un apéndice del Derecho Civil.

Posee normas instrumentales porque son las herramientas para la realización del Derecho material, lo que se logra a través del proceso. Por ejemplo, el derecho de dominio se protege con normas procesales integradas por la acción de protección constitucional y la acción reivindicatoria.

4. Fuentes del Derecho Procesal

Son fuentes del Derecho procesal los antecedentes de donde brota, emana o se genera. Esas fuentes pueden ser ordenadas en:

Fuentes directas o principales.

Son aquellas que contienen el mandato general abstracto y coactivo de la norma jurídica procesal. Aquí está presente la Constitución Política de la República; la propia Ley procesal; los Autos Acordados y Tratados internacionales sobre el Derecho procesal.

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Fuentes indirectas o mediatas.

Son aquellos actos o hechos de carácter jurídico que constituyen fuente del Derecho Procesal solo en la medida que determinan el contenido, la evolución, la interpretación, la aplicación o la integración de la norma jurídica procesal. En este punto podemos mencionar a la Jurisprudencia; la Equidad y la Doctrina.

5. Definición de la Ley Procesal.

Se define como aquella norma jurídica que dice relación con la organización de los tribunales de justicia, con la determinación de sus atribuciones y competencias o con el establecimiento de las normas de procedimiento a que deben someterse tanto los tribunales como las personas que actúan en el proceso.

6. Integración de la Ley Procesal.

Los tribunales de justicia en materias contenciosas, una vez reclamada su intervención, están obligados a conocer del asunto y no pueden excusarse de hacerlo ni aun a falta de ley que regule la materia, como lo dispone el art. 76, inciso segundo de la Constitución Política de la República y el art. 10, inciso segundo del Código Orgánico de Tribunales.

Ahora bien, cuando la ley no regula una determinada materia, se dice que existen lagunas en el ordenamiento jurídico, es decir, cuando falta una norma expresa que regule determinada situación.

En ese caso la ley debe ser integrada y el Nº 5 del art. 170 del Código de Procedimiento Civil dispone que se deben aplicar los principios generales de equidad en la solución de los conflictos que se plantean.

7. Aplicación de la Ley Procesal.

Estudia los problemas que suscita la ley procesal en cuanto a su vigencia o eficacia respecto del tiempo, espacio y de las personas.

Vigencia en cuanto al tiempo.

La vigencia temporal de la ley procesal no se diferencia de las materias generales (arts. 6° y 7° del Código Civil).

La ley procesal rige los hechos, actos y situaciones jurídicas realizadas tras su entrada en vigor, salvo que por declararse retroactiva rija hechos, actos y actuaciones anteriores.

La ley rige desde su publicación en el Diario Oficial hasta el día de su derogación o modificación, a menos que ella misma establezca otra norma al respecto.

No obstante, en los ordenamientos jurídicos se dan casos o situaciones contrarias a las hipótesis de normalidad indicada y es así cómo es posible encontrar leyes que afectan situaciones jurídicas generadas con anterioridad a su establecimiento (retroactividad de la ley) o leyes que regulan situaciones jurídicas más allá de su vigencia en que se siguen aplicando a situaciones jurídicas que se producen bajo el imperio de una nueva ley que se refiere a la misma naturaleza (ultractividad de la ley).

Vigencia en cuanto al espacio.

Cada Estado ejerce su soberanía dentro del ámbito territorial que le corresponde geográficamente.

El problema se suscita cuando existe conflicto de leyes procesales de dos o más Estados, existiendo, como norma para la resolución del conflicto en que eventualmente pueden estar leyes chilenas y extranjeras, el art. 14 del Código Civil que prescribe que “La ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, inclusos los extranjeros”.

Tal norma jurídica es la manifestación del llamado principio de la territorialidad, que es una aplicación del aforismo latino lex locus regit actum, es decir, la ley del lugar rige el acto.

Sin embargo, este principio no tiene actualmente un carácter absoluto. En efecto, el tráfico internacional ha motivado que las legislaciones establezcan mecanismos de interrelación que facilitan una adecuada reglamentación procesal. Un ejemplo: el proceso de extradición.

Hay, además, otras materias que también hacen excepción a este principio de la territorialidad de la ley procesal:

a. El art. 6° del Código Orgánico de Tribunales atribuye competencia a los tribunales chilenos para juzgar ciertos crímenes y delitos que han acontecido fuera del territorio nacional.

b. Los arts. 242 y siguientes del Código de Procedimiento Civil reconocen, dan validez y fuerza ejecutiva, dentro de Chile, a resoluciones judiciales dictadas por los tribunales extranjeros, previa autorización de la Corte Suprema.

Vigencia en cuanto las personas.

La regla general es que la ley procesal no tome en cuenta la calidad de las personas para determinar la jerarquía del tribunal llamado a intervenir en un asunto litigioso. Así lo indica el art. 5° del Código Orgánico de Tribunales

En este sentido, este principio de la igualdad de las personas frente a la actividad de los tribunales, hace que no haya diferencia entre los nacionales y los extranjeros, sino que ambos son iguales ante la ley.

En el ámbito procesal significa que toda persona litiga ante los mismos jueces, con iguales formalidades, con iguales obligaciones y derechos, aun careciendo de medios económicos para solventar su defensa.

No obstante esta igualdad, establecida en la Constitución y el Código Orgánico de Tribunales, en juicio pueden participar personas que están constituidas en dignidad y, en este caso, la ley dispone que el proceso deben ser conocido por un tribunal distinto al que naturalmente le correspondía.

Esto se denomina fuero y beneficia a la persona que carece de tal, pues se entrega competencia a un tribunal de mayor jerarquía.


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Jorge Castro Barros
Por Jorge Castro Barros