Ley Procesal

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Concepto de Ley Procesal.

La Ley procesal es aquella norma jurídica que regula el funcionamiento y organización de los tribunales de justicia, o señala sus atribuciones y competencia, o determina las normas de procedimiento que deben ser utilizadas por las personas en el planteamiento de sus pretensiones y contra pretensiones ante los órganos jurisdiccionales.

Contenido de la Ley Procesal.

La ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite (Artículo 1° del Código Civil). Tal definición tiene plena aplicación en materia procesal, pues la norma jurídica procesal es una especie de ley que solo difiere en atención a su contenido. De tal forma, podemos distinguir entre leyes procesales de organización, de competencia y de procedimiento.

Leyes procesales de organización.

Son aquellas normas jurídicas que regulan la organización y funcionamiento de los tribunales de justicia.

Leyes procesales de competencia.

Son aquellas normas jurídicas que regulan los asuntos que son conocidos por los órganos jurisdiccionales mediante aplicación de factores absolutos y relativos, como lo son la jerarquía, materia, fuero y cuantía.

Estas dos primeras categorías son denominadas por la doctrina como normas de Derecho Procesal Orgánico y se ubican preferentemente en el Código Orgánico de Tribunales.

Leyes Procesales de Procedimiento.

Son aquellas normas jurídicas que regulan procedimientos aplicables en materia civil y penal. Ellas se encuentran ubicadas principalmente en el Código de Procedimiento Civil y Código Procesal Penal, sin perjuicio de normas especiales tales como el Código del Trabajo o el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales.

Interpretación de la Ley Procesal.

Interpretar es fijar el verdadero sentido y alcance de la norma procesal. La Ley procesal no contiene regulación especial en cuanto a la interpretación de las normas, por tanto, debemos acudir al Código Civil y utilizar las reglas de interpretación contenidas en sus artículos 19 al 24.

La doctrina señala que la Ley procesal puede ser interpretada por el legislador, el juez o el jurista, bajo este concepto podemos clasificar a la interpretación como auténtica, judicial o doctrinal. Siguiendo esta categorización, en nuestro ordenamiento jurídico, es a través de la interpretación judicial que se fija el sentido y alcance verdadero de una norma jurídica para un caso concreto. Es el juez el principal encargado de interpretar las normas jurídicas de carácter sustantivo y resolver mediante la dictación de una sentencia definitiva las pretensiones de las partes.

Integración de la Ley Procesal.

Los tribunales de justicia, una vez que son requeridos por las personas en materias contenciosas, están obligados a conocer de asunto y no pueden excusarse de hacerlo ni aun cuando no haya ley que regule la materia, así lo dispone el artículo 76 inciso segundo de la Constitución Política de la República y el artículo 10 inciso segundo del Código Orgánico de Tribunales.

Para resolver el problema de la carencia de norma sustantiva, el juez debe integrar la ley siguiendo lo establecido en el artículo 170 numeral quinto del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que toda sentencia debe contener la enunciación de las leyes o en su defecto aplicar los principios de la equidad. Por tanto, es mediante la aplicación de la equidad y la utilización de los principios formativos del procedimiento que el juez logra llenar los vacíos normativos, resolver el litigio pendiente y satisfacer las pretensiones de las partes.

Aplicación de la Ley Procesal en cuanto al tiempo.

La vigencia temporal de la Ley procesal no difiere de las demás normas presentes en nuestro ordenamiento jurídico, es decir, es plenamente aplicable lo establecido en los artículos 6°, 7° y 8° del Código Civil, especialmente lo expresado en el artículo 9° del citado texto que contiene al respecto un precepto universalmente aceptado y que se constituye en regla general para el Derecho Procesal: la ley sólo puede disponer para lo futuro y no tendrá jamás efecto retroactivo.

La norma procesal rige hechos, actos y situaciones jurídicas acaecidos tras su entrada en vigencia, empero, es posible que produzca efectos en actos jurídicos procesales anteriores a su entrada en vigor. En tal caso de excepción el legislador puede utilizar dos mecanismos resolutivos para dar correcta aplicación a la normativa jurídica procesal, ellos son las disposiciones transitorias de la nueva ley o la ley sobre efecto retroactivo de las leyes contenida en el apéndice de Código Civil.

Conflicto Normativo.

No obstante las soluciones recién anotadas, aún existe la posibilidad de que un acto jurídico procesal esté sujeto a la aplicación de dos leyes procesales. En tal caso ¿cuál norma es aplicable? ¿La nueva o la antigua Ley procesal? Para dar solución al problema debemos distinguir la especie de normas en conflicto, es decir, si se trata de leyes procesales de competencia, de organización o de procedimiento.

Leyes de Organización.

En primer término las leyes procesales de organización, al tratarse de normas de orden público, rigen in actum, es decir, desde que la ley entra en vigencia sus efectos se producen de inmediato.

Leyes de Competencia.

En el caso de las leyes procesales de competencia debemos distinguir entre competencia absoluta y relativa. Las normas de competencia absoluta rigen in actum. Las normas de competencia relativa generalmente rigen in actum, empero, de forma excepcional no producen efecto respecto de la prórroga de la competencia acordada por las partes en materia civil contenciosa.

Leyes de Procedimiento.

Finalmente, las leyes procesales de procedimiento se aplican por regla general in actum, sin embargo, el legislador establece ciertas precisiones respecto a los procesos judiciales no iniciados, pendientes o terminados.

Los procesos judiciales ya terminados no se ven afectados por la entrada en vigencia de una nueva ley en virtud del efecto de cosa juzgada.

Los procesos judiciales que aún no inician se rigen bajo la nueva ley.

En último término, en los procesos judiciales pendientes y respecto de aquellos actos jurídicos procesales ejecutados o realizados en el procedimiento rige la ley antigua. En cambio, en aquellos actos jurídicos procesales que aún no son ejecutados o realizados se rigen por la nueva ley con las distinciones siguientes.

a) Los plazos que se encuentran corriendo, las actuaciones judiciales ya iniciadas o los recursos interpuestos se rigen por la ley que se encontraba vigente al momento de su realización, es decir, la norma antigua.

b) En materia probatoria, en relación a los actos y contratos válidamente celebrados, la ley permite probarlos indistintamente a través de la nueva o antigua norma, sin embargo, si el medio de prueba es a la vez solemnidad de acto o contrato se rige por la ley antigua. Respecto de la forma de rendir la prueba, esta se efectúa de acuerdo a la ley vigente al momento de su rendición.

Aplicación de la Ley Procesal en cuanto al espacio.

Territorialidad.

Siguiendo al Código Civil en su artículo 14 y el Código Orgánico de Tribunales en su artículo 5° inciso primero, podemos afirmar que la Ley procesal, por regla general, se aplica dentro del territorio geográfico de la República a todos sus habitantes, sean ellos nacionales o extranjeros. Por tanto, en Chile se establece el principio de la territorialidad de la Ley Procesal.

Principios.

En esta materia, la doctrina elabora una serie de principios que permiten una correcta aplicación de la territorialidad de la norma procesal y que son recogidos por la legislación nacional.

a) La Ley procesal sólo se aplica dentro del territorio donde se dictó.

b) La competencia, la forma de los procedimientos, la carga de la prueba, los deberes y derechos de las partes se rigen por el principio de la lex fori (ley del foro), es decir, la ley del lugar del órgano judicial que está conociendo del proceso.

c) Los medios de prueba de las obligaciones se rigen por la ley del lugar en que el acto sustancial se realizó (lex locus regit actum).

d) La validez de los actos procesales realizados en el extranjero, se determina por la ley del lugar en que se verificaron, pero si deben producir efectos en nuestro territorio, se rige por la ley nacional.

e) Son nulos los pactos que pretenden someter a las partes a la jurisdicción extranjera, según lo establecido en el artículo 1462 del Código Civil.

Extraterritorialidad.

Para concluir, el principio de la territorialidad de la Ley procesal no es absoluto y admite excepciones, en razón de que nuestro país ha avanzado en la construcción de mecanismos de interrelación que facilitan las aplicación de las normas procesales entre Estados. En este sentido podemos citar la tramitación de exhortos internacionales; el cumplimiento de sentencias extranjeras en nuestro territorio; la extradición; las situaciones contempladas en el artículo 6° del Código Orgánico de Tribunales y las inmunidades jurisdiccionales que gozan determinadas personas.

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Jorge Castro Barros

Abogado de profesión y soñador por vocación. Actúo en calidad de autor intelectual de este singular proyecto. Si tu meta es aprobar el examen de grado, te puedo ayudar, sólo sígueme en Facebook.

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