Testigos

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Concepto de testigos.

Son testigos, aquellos que sin ser partes en el proceso, declaran sobre hechos de que tienen conocimiento. Son terceros ajenos al acto o hecho jurídico debatido, que pueden afirmar la existencia de un hecho jurídico, porque estuvieron presentes en el acto de su realización –testigos presenciales-, o porque tuvieron conocimiento del mismo –testigos de oídas-.

Actos que no pueden probarse por testigos.

La prueba de testigos no se admite respecto de los actos que deben constar por escrito (artículos 1708 y 1709), ni en cuanto el testimonio adicione o altere lo expresado en un acto o contrato (artículo 1709). Estudiaremos ambos casos por separado.

Actos que deben consignarse por escrito.

Deben constar por escrito:

a) Las obligaciones que emanan de actos y contratos solemnes, cuya solemnidad consista precisamente en el otorgamiento de un instrumento público o privado.

Así, por ejemplo, artículos 1554, respecto del contrato de promesa, y 1801, inciso 2º, respecto de la compraventa. Cabe consignar que la falta de estos instrumentos no solo impide que se pueda probar el acto o contrato respectivo por testigos, sino que por cualquier otro medio de prueba, y aún más, produce la nulidad absoluta o la inexistencia del acto jurídico, según concluyen otros (artículos 1682 y 1701).

b) Los actos o contratos que contienen la entrega o promesa de una cosa que valga más de dos unidades tributarias (artículo 1709).

Estos actos o contratos pueden probarse por cualquier otro medio. Cabe notar que la ley habla de “actos o contratos”, es decir, se refiere a obligaciones que emanan de un acto jurídico y no de otro hecho jurídico que no tenga dicho carácter. Por tanto, tratándose de delitos y cuasidelitos –hechos jurídicos pero no actos jurídicos-, cabe la prueba de testigos, aunque se reclame una suma superior a dos unidades tributarias (aunque nada dice la ley, se ha entendido que se refiere a unidades tributarias mensuales).

El hecho mismo de la entrega también puede probarse por testigos, pues la ley se refiere a los actos o contratos que contienen la entrega, pero no a la entrega misma.

Clase de obligación contenida en el artículo 1709 del Código Civil.

En cuanto al tipo de obligación a que se refiere el artículo 1709 –de dar, hacer o no hacer-, hay controversia en la doctrina.

Según Alessandri, el artículo se refiere a toda clase de obligaciones, pues su texto habla de la entrega o promesa de una cosa, y no de la entrega o promesa de entrega de una cosa.

Otros –como Carlos Ducci-, creen que el artículo se refiere únicamente a las obligaciones de dar.

Valor de la cosa o hecho.

El valor de la cosa o del hecho prometido debe determinarse en relación al momento en que se otorga o celebra el acto o contrato.

No se incluyen en la suma del valor de las cosas o de los hechos prometidos, los frutos, intereses (en realidad, los intereses son frutos también, civiles: artículo 647), u otros accesorios de la especie o cantidad debida (artículo 1709, inciso final).

La ley, con el objeto de impedir que se burlara la limitación probatoria, reguló dos situaciones:

  • Al que demanda una cosa o hecho de un valor superior al indicado, no se le admitirá rendir prueba de testigos, aunque limite a ese valor la demanda (artículo 1710, inciso 1°).
  • Tampoco es admisible la prueba de testigos en las demandas de menos de dos unidades tributarias mensuales, cuando se declara que lo que se demanda es parte o resto de un crédito que debió ser consignado por escrito y no lo fue (artículo 1710, inciso 2°).

Cabe consignar que la limitación relativa a la prueba de testigos consagrada en el artículo 1709 del Código Civil, no se recoge en el ámbito mercantil. En efecto, el artículo 128 del Código de Comercio dispone que “La prueba de testigos es admisible en negocios mercantiles, cualquiera que sea la cantidad que importe la obligación que se trate de probar, salvo los casos en que la ley exija escritura pública”.

Adición o alteración de lo expresado en un acto o contrato.

Establece el artículo 1709, inciso 2º, que “No será admisible la prueba de testigos en cuanto adicione o altere de modo alguno lo que se exprese en el acto o contrato”. Así, por ejemplo, si en un contrato de mutuo pactado con una tasa de interés del 5%, el mutuario pretende probar después que la tasa pactada era inferior, no podrá hacerlo mediante testigos.

Excepciones a los principios que rechazan la prueba de testigos.

Están establecidas en el artículo 1711, precepto que contempla los siguientes casos, en los que será posible recurrir a la prueba testifical, no obstante tratarse de un acto jurídico que contiene una obligación superior a las dos unidades tributarias mensuales:

Cuando hay un principio de prueba por escrito.

Debe tratarse de “un acto escrito del demandado o de su representante, que haga verosímil el hecho litigioso”. Tres son entonces los requisitos, en este primer caso:

existencia de un documento, público o privado, y en este último caso, firmado o no, y reconocido o mandado tener por reconocido;
el documento debe emanar de aquél contra el cual se invoca; y
que el escrito haga verosímil el hecho litigioso, y lo hace, cuando entre él y la obligación que se trata de probar hay manifiesta ilación y coherencia.

Cuando haya sido imposible obtener una prueba escrita.

La imposibilidad puede ser física o moral. Hay imposibilidad física, cuando las circunstancias materiales no permiten otorgar un instrumento. Por ejemplo, en el depósito necesario (artículos 2236 y 2237). Hay imposibilidad moral, cuando razones de afecto, delicadeza, etiqueta o costumbre, no hacen procedente exigir la extensión de un documento (por ejemplo, el hijo menor, respecto de su padre).

Cuando la ley expresamente la admite.

Por ejemplo, el contrato de comodato puede probarse por testigos, cualquiera que sea el valor de la cosa prestada (artículo 2175); lo mismo ocurre en el depósito necesario (artículo 2237).

Valor probatorio de la prueba de testigos.

Se regula la materia en los artículos 383 y 384 del Código de Procedimiento Civil, que distinguen entre testigos de oídas y testigos presenciales:

Testigos de oídas.

Son aquellos “que relatan hechos que no han percibido por sus propios sentidos y que solo conocen por el dicho de otras personas”. Su testimonio solo podrá estimarse como base de una presunción judicial.

En todo caso, el tribunal considerará especialmente el testimonio de oídas, “cuando el testigo se refiere a lo que oyó decir a alguna de las partes, en cuanto de este modo se explica o esclarece el hecho de que se trata” (artículo 383).

Testigos presenciales.

Establece el artículo 384 que se apreciará por el juez la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos, conforme a las siguientes reglas:

a) Lo que declara un testigo imparcial y verídico, constituye una presunción judicial. El mérito probatorio de la presunción debe apreciarse conforme al artículo 426 del Código de Procedimiento Civil, al que aludiremos más adelante.

b) Lo que declaran dos o más testigos, podrá constituir plena prueba, siempre que se reúnan los siguientes requisitos. Que los testigos:

  1. Estén contestes (de acuerdo) en el hecho y en sus circunstancias esenciales;
  2. Que no hayan sido tachados;
  3. Que hayan sido legalmente examinados;
  4. “Den razón de sus dichos”, o sea, fundamenten sus declaraciones.

Orrego, Juan Andrés. Teoría de la Prueba. Año 2011. Información recuperada el 01 de noviembre de 2017 desde sitio WEB del autor.

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