Orden Público Económico

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Concepto de Orden Público Económico.

El Orden Público Económico no es definido por el legislador, quien en la Constitución Política de la República de 1980 sólo establece ciertos elementos que la doctrina acuña para construir su propio concepto. La jurisprudencia, por otra parte, no ha hecho el esfuerzo de desarrollar una definición y solo se limita a reproducir el trabajo de José Luis Cea Egaña.

Definiciones Doctrinales clásicas.

Para José Luis Cea Egaña el Orden Público Económico es el conjunto de principios y normas jurídicas que organizan la economía del país y facultan a la autoridad para regularla en armonía con los valores de la sociedad nacional formulados en la Constitución.

Por otra parte, Arturo Yrarrázabal Cobarrubias, siguiendo a Gérard Farjat, señala que el Orden Público Económico es el conjunto de medidas adoptadas por la autoridad con el fin de organizar la actividad y las relaciones económicas. El autor agrega a posterior que, en el plano Constitucional algunos han pensado que el orden público económico permitiría a la autoridad regular la economía de acuerdo con los valores formulados en la Constitución.

Definiciones Doctrinales Modernas.

Víctor Avilés Hernández define al Orden Público Económico como la recta ordenación de los diferentes elementos sociales en su dimensión económica que integran la comunidad, de la manera que esta última estime valiosa para la obtención de su mejor desempeño en la satisfacción de las necesidades del hombre.

Arturo Fermandois Vöhringer entiende al Orden Público Económico como el adecuado modo de relación de todos los diversos elementos de naturaleza económica presentes en la sociedad, que permita a todos los agentes económicos, en la mayor medida de lo posible y en un marco subsidiario, el disfrute de sus garantías constitucionales de naturaleza económica de forma tal de contribuir al bien común y a la plena realización de la persona humana.

Definiciones Jurisprudenciales de Orden Público Económico.

Corte de Apelaciones de Santiago.

Siguiendo al Cea Egaña, se ha definido orden público económico, en fallo del año 1983, como el conjunto de principios y normas jurídicas que organizan la economía del país y facultan a la autoridad para regularla en armonía con los valores de la sociedad nacional formulados en la Constitución, y es justamente en esta carta donde contiene el valor fundamental que debe tenerse en consideración: el bien común, que está estrechamente vinculado a la función social de la propiedad y a las actividades económicas, que vienen a ser el resultado del ejercicio de una forma del derecho de dominio.

Concepto que ha sido reiterado en fallos de los años 1988 y 1992, en los cuales se comprende al orden público económico como el conjunto de principios y normas jurídicas que organizan la economía de un país y facultan a la autoridad para regularla, en armonía con los valores de la sociedad nacional formulados en el Constitución Política del Estado, precisando que debe ser entendido en un sentido amplio, de manera de otorgar a la expresión “normas legales” una extensión comprensiva de las normas emanadas de la autoridad potestativa del órgano administrativo del Estado.

Tribunal Constitucional.

Por su parte, el Tribunal Constitucional, en sentencia Rol N° 207 de 1997, siguiendo el concepto del profesor Cea, señala que el orden público económico es el conjunto de principios y normas jurídicas que organizan la economía de un país y facultan a la autoridad para regularla en armonía con los valores de la sociedad nacional formulados en la Constitución.

Agrega el Tribunal Constitucional que, el orden público y el orden público económico en especial, estará orientado y comprenderá el establecimiento de procedimientos obligatorios, de efectos inmediatos, inmutables, frente a la autonomía de la voluntad de los particulares y orientado hacia un ordenamiento adecuado y racional de las iniciativas y actividades en materias económicas; y por su parte, las regulaciones de las actividades económicas se refieren a las facultades legales conferidas a los órganos públicos para fiscalizar, controlar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones generales o especiales que regulan dichas actividades.

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Jorge Castro Barros

Abogado de profesión y soñador por vocación. Actúo en calidad de autor intelectual de este singular proyecto. Si tu meta es aprobar el examen de grado, te puedo ayudar, sólo sígueme en Facebook.

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